Mientras en la mayoría de los países del mundo la inflación ocupa un segundo plano entre los problemas de los ciudadanos y de sus gobiernos, en la Argentina, la situación es diametralmente opuesta.
Con una inflación promedio anual del 24 por ciento en los últimos 20 años, la depreciación del peso es el tema más relevante entre los argentinos.
La última encuesta sobre el tema de D'Alessio IROL y Berensztein la ubican en el tope de las preocupaciones, por encima de la inseguridad, del desempleo y del coronavirus.
Pero la pronunciada y permanente suba del índice de precios al consumidor (IPC), el indicador que mide la inflación en la Argentina, no es una novedad del siglo 21.
Por el contrario, se podría decir que el fenómeno es una herencia de décadas en las que los sucesivos gobiernos no pudieron hallarle una solución sostenible en el tiempo.
Con la excepción de muy pocos períodos, la historia económica argentina ha padecido de altos niveles inflacionarios. Como ejemplo, basta decir que desde la década de 1940 en adelante, únicamente cinco de 26 presidentes soportaron aumentos de precios anuales inferiores a los dos dígitos a lo largo de sus períodos.
Del otro lado del ranking, seis presidentes se fueron de la Casa Rosada luego de haber anotado registros anuales que traspasaron los tres dígitos. Algo inédito para países sin conflictos armados o envueltos en guerras civiles.
Un estudio reciente realizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) detalla que a lo largo del último siglo la tasa inflacionaria promedió el 104 por ciento y que sólo en un año (en 1989) la inflación alcanzó un registro de 3.080 por ciento.
Números como estos (impresionantes, por cierto), por un lado, afectan la vida diaria de los argentinos; por otro, despiertan el interés de especialistas del mundo ávidos de analizar al país como fenómeno económico único.
Las causas de la inflación en la Argentina son variadas y difieren según la línea de pensamiento de los economistas que las describan.
Los más ortodoxos aseguran que el problema se reduce al crónico déficit fiscal que padece la Argentina. Para estos, esta diferencia negativa entre lo que se recauda y lo que se gasta lleva a la emisión monetaria, que a su vez crece por encima de la actividad económica, generando presión en los precios.
Los más heterodoxos hacen foco en la llamada "puja distributiva" (un conflicto por la distribución del ingreso), relativizando el impacto de los temas fiscales y monetarios, como lo expone este informe del Banco Central de la República Argentina.
Este contexto es adverso por muchas razones para los argentinos, pero especialmente para aquellos que buscan ahorrar. Claramente, con una depreciación anual (incluso mensual) tan pronunciada, atesorar pesos no es un buen negocio.
Por otra parte, las inversiones más complejas, como acciones o bonos, no son de fácil acceso para un sector mayoritario de la población. Lo que reduce aún más el abanico de opciones.
Los argentinos pueden ahorrar en bienes raíces o en dólares. La primera alternativa es redituable, pero sólo accesible para un reducido conjunto de personas con alto poder adquisitivo.
La segunda ha sido acotada por el Gobierno, que dispuso un límite de compra mensual de 200 dólares por persona para controlar la demanda y quitarle presión al tipo de cambio.
Hay una tercera opción que se ha abierto en los últimos años a partir de la irrupción de las criptomonedas en el escenario mundial: las stablecoins.
Distintas a las crypto tradicionales, como bitcoin o ethereum, las stablecoins o monedas estables no están sujetas a amplias fluctuaciones en su cotización, lo que las hace atractivas para quienes buscan resguardar sus ahorros.
Las stablecoins obtienen esa solidez a partir de que su valor está colateralizado a monedas fiat (como el dólar), a una canasta de divisas fuertes o a diversos activos de valor constante, incluso a otras criptomonedas.
Algunos de los activos digitales estables más difundidos son el USDC (USD Coin), que se respalda con dólares depositados en instituciones financieras de los Estados Unidos, el USDT (Theter), TUSD (TrueUSD), entre otros.
Para los argentinos, estos activos digitales, además de la estabilidad en relación con el dólar (lo que los resguarda de la inflación), tienen la ventaja de que se pueden adquirir sin límites.
Hay muchas formas de comprar stablecoins en Argentina. Vibrant es un ejemplo. Desarrollada en la red Stellar, es una wallet que opera con stablecoins en asociación con Stablex, un partner en el país que facilita a los usuarios hacer fondeos mediante transferencia bancaria.
Las stablecoins, además, gozan de las ventajas de los activos digitales: facilidad de intercambio, inmediatez y seguridad.
Los datos de la CAC demuestran que la inflación es un contratiempo que ha afectado a los argentinos tanto bajo presidentes constitucionales como de facto.
Desde que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comenzó a relevar la inflación mensual en 1943 –durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón– hasta 1973, Argentina tuvo 14 presidentes y dos picos de inflación: en 1959, cuando durante el gobierno de Arturo Frondizi alcanzó el 122 por ciento, y entre 1971 y 1973, con el militar Alejandro Lanusse en el poder (63 por ciento).
En los años siguientes al fallecimiento de Perón la economía argentina se derrumbó y, como era de esperar, la inflación creció sin freno en un escenario de inestabilidad política.
Hasta 1983, fueron años de dictadura militar, con un fuerte aumento de la deuda externa, destrucción de empleo y caída constante del producto interno bruto.
Con la restitución de la democracia, con Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) como presidente, se logró la estabilidad política, pero la economía no mejoró y la década finalizó con convulsiones sociales y un proceso hiperinflacionario que desembocó en una devaluación de la moneda argentina del 4.700 por ciento respecto del dólar estadounidense.
El valor de la divisa de Argentina se depreció tanto en esos años que hubo tres cambios de símbolo monetario: del "Peso Ley 18.188" al "Peso Argentino", luego al "Austral" y luego al "Peso".
La década siguiente, la de 1990, con el peronista Carlos Menem en la Casa Rosada, fue la más estable en cuanto a suba de precios.
De la mano de políticas neoliberales, mediante una ley de 1991 (Ley de Convertibilidad) el Gobierno fijó el tipo de cambio en paridad con el dólar, lo que en muy corto plazo produjo una "drástica reducción de la inflación", según lo califica el informe de la CAC.
Un peso equivalió a un dólar por más de 10 años, un hecho poco frecuente en la historia argentina, algo que ponderan los defensores de aquella política.
Los críticos, por el contrario, aseguran que ese corsé a la suba de precios se logró en base a deuda externa, venta de activos, achicamiento industrial y un ajuste fiscal tan pronunciado que terminó estallando años más tarde en la mayor crisis de la historia argentina: el 2001.
Tras la debacle de principios de siglo siguió un periodo de inflación que no superó el dígito hasta 2007, cuando poco a poco la economía argentina volvió a padecer de un crecimiento permanente, pronunciado y espiralado de los precios.
Desde entonces, incluso con gobiernos ideológicamente distintos como los de Cristina Fernández (2007-2015) y Mauricio Macri (2015-2019), la inflación anual no ha bajado del 20 por ciento, con picos del 53,8 por ciento en 2019.
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